RIO GRANDE CITY, Texas. — Jake Margo Jr. estaba en la sala de triaje del Starr County Memorial Hospital explicando por qué una persona con fiebre persistente, que podía tratarse con medicamentos de venta libre, no necesitaba ser admitida en la sala de emergencias.
“Vamos a atender primero a los pacientes más graves”, dijo Margo, que es médica de familia.
De todas formas, esa tarde de junio no quedaba espacio disponible. Un pequeño monitor en la pared mostraba los signos vitales de los pacientes que ya llenaban la sala de emergencias. Y afuera, bajo el calor del sur de Texas, una ambulancia esperaba a que se liberara una cama para el paciente que había traído.
“Aquí viene todo el mundo”, dijo Margo. “Pero cuando estás abrumado y sobrepasado, hay un límite a lo que puedes hacer”.
El condado de Starr, una comunidad rural y mayoritariamente hispana en la frontera sur de Estados Unidos, fue noticia en 2024 al votar, por primera vez en más de un siglo, por un candidato republicano en una elección presidencial.
La inmigración y la economía fueron los temas que impulsaron el cambio político en esta comunidad, donde aproximadamente un tercio de la población vive bajo la línea de la pobreza.
Ahora, las medidas que adoptaron recientemente la administración Trump y el Congreso controlado por el Partido Republicano han despertado una nueva preocupación: la creciente dificultad para que médicos, hospitales y otros proveedores de salud puedan seguir atendiendo a personas sin seguro médico.
Este es un temor que va más allá del condado de Starr, una localidad que tiene una de las tasas más altas de población sin seguro del país. Comunidades de todo Estados Unidos que tienen números similares de personas sin seguro podrían verse en serios problemas a medida que más residentes pierden su cobertura médica.
Se calcula que, en 10 años, 14 millones de personas se quedarán sin seguro médico en Estados Unidos como consecuencia de la ley fiscal y de presupuesto del presidente Donald Trump, a la que los republicanos llaman One Big Beautiful Bill Act.
A esto se agrega la eliminación de los subsidios extraordinarios que redujeron el costo de los planes a partir de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).
La nueva ley también limita programas que otorgan miles de millones de dólares a los hospitales y clínicas que atienden a personas sin seguro, lo que complica aún más su supervivencia.
“No se puede dejar sin cobertura a tanta gente sin que, en muchas comunidades, el sistema de salud colapse”, afirmó Sara Rosenbaum, presidenta y fundadora del Department of Health Policy and Management de la George Washington University’s Milken Institute School of Public Health.
“El futuro es el sur de Texas”, pronosticó.
KFF Health News está examinando el impacto de los cambios en la política nacional de salud en las personas sin seguro y sus comunidades.
Aunque la administración Trump respondió a KFF Health News que está haciendo “una inversión histórica en la atención médica rural”, quienes tratan a pacientes de bajos ingresos, así como investigadores y defensores de los consumidores, aseguran que las recientes decisiones políticas harán más difícil que las personas permanezcan saludables.
Algunos médicos, hospitales y clínicas que conforman la red de seguridad sanitaria han advertido que podrían perder tanto dinero que se verían obligados a cerrar.
“Porque la factura del paciente no se va a pagar”, dijo Joseph Alpert, editor en jefe de The American Journal of Medicine y profesor de Medicina en la Universidad de Arizona. “Los pacientes sin seguro saturan el sistema de salud”, añadió.
El condado de Starr es un ejemplo de esta situación.
Los médicos de atención primaria del condado reciben algo menos de 3.900 personas cada uno, casi tres veces el promedio nacional.
El Valle del Río Grande, en el sur de Texas, tiene una de las tasas más altas de personas sin seguro médico de Estados Unidos, lo que supone una gran presión para sus sistemas sanitarios. Es posible que más comunidades sufran esta presión, ya que se prevé que el número de residentes sin seguro médico aumente en la próxima década. (Sam Whitehead/KFF Health News)Margo, la médica de familia, explicó que como hay tantas personas sin seguro y son tan pocos los lugares donde los atienden, cuando se sienten mal muchas van directamente a la sala de emergencias.
Además, muchos de esos pacientes han descuidado su salud y por eso llegan más enfermos y necesitan tratamientos más costosos. La ley federal exige que las salas de emergencia de los hospitales que participan en Medicare atiendan o transfieran a los pacientes, sin tomar en cuenta si pueden pagar o no.
Esto obliga a Margo y a su equipo a practicar lo que describió como “medicina de desastre”.
“Llegan con dolor en el pecho o no pueden respirar. Se desmayan. Nunca han visto a un médico”, dijo. “Están literalmente muriendo”.
Sistemas de salud en “modo de supervivencia”
Cuando alguien no tiene seguro o depende de Medicaid, suele recurrir a una red de seguridad sanitaria: médicos, hospitales, clínicas y centros comunitarios que ofrecen servicios gratuitos o reciben reembolsos muy bajos si se los compara con los seguros comerciales.
Estas instituciones muchas veces funcionan con un financiamiento muy precario y dependen de innumerables ayudas federales. Los recortes impulsados por la administración Trump, con el argumento de eliminar el “desperdicio, fraude y abuso”, generaron dudas respecto de si estos proveedores podrán soportar todavía mayor presión financiera.
La nueva ley de Trump financia las prioridades del gobierno. Entre ellas están la ampliación de los recortes fiscales que benefician principalmente a los estadounidenses de mayores ingresos y el refuerzo de los controles a los inmigrantes.
Esos costos se cubren en parte con una reducción de casi $1.000 millones en el gasto federal en salud para Medicaid durante la próxima década. Y, también, con cambios en los mercados de seguros establecidos por ACA, como la exigencia de trámites adicionales y la reducción de los plazos para inscribirse.
Muchos republicanos argumentan que Medicaid ha crecido demasiado y se ha desviado de su misión original de cubrir a personas de bajos recursos y con discapacidades. El Partido Republicano ha tratado de revertir ACA desde que se aprobó.
Kush Desai, vocero de la Casa Blanca, dijo que las proyecciones sobre cuántas personas podrían perder el seguro médico de la no partidista Congressional Budget Office son “exageradas”. No ofreció una cifra que la administración considere más precisa.
Los que apoyan la One Big Beautiful Bill aseguran que quienes necesitan cobertura médica pueden obtenerla si cumplen con los nuevos requisitos, como trabajar para recibir Medicaid.
Michael Cannon, director de estudios de políticas de salud del Cato Institute, un centro de pensamiento libertario, sostuvo que incluso con esta ley el gasto en Medicaid seguirá creciendo, aunque más lentamente.
“Los proveedores ineficientes deberían cerrar”, dijo Cannon. “La ley no provocará un colapso”, aseguró.
Una encuesta reciente de la AMGA, una asociación que representa a los sistemas de salud de todo el país y antes era conocida como American Medical Group Association, reveló que casi la mitad de los centros de salud rurales podrían cerrar o reestructurarse por los recortes de Medicaid.
Casi tres cuartas partes de los encuestados afirmaron que preveían despidos o licencias, incluso de profesionales de salud de primera línea.
Los departamentos de salud pública, que a menudo cubren las carencias en la atención médica, también se enfrentan a recortes en el financiamiento federal que redujeron su capacidad operativa.
En el condado de Cameron, al sur de Texas, el Departamento de Salud ha eliminado casi una docena de puestos, según afirmó su directora, Esmer Guajardo.
En el condado vecino de Hidalgo han despedido a más de 30 empleados, según Iván Meléndez, que colabora en la supervisión de la administración.
María Salgado, promotora de salud del Valle del Río Grande, en el sur de Texas, dice que muchos de los pobladores necesitan ayuda para navegar el proceso de inscribirse para tener cobertura sanitaria y mantenerla porque es muy complicado. “El seguro médico no es un lujo, es una necesidad”, afirma.(Sam Whitehead/KFF Health News)
En julio, el Departamento de Servicios de Salud de Texas canceló Operation Border Health, un multitudinario evento anual que el año anterior había brindado servicios de salud gratuitos a casi 6.000 residentes en el sur de Texas.
El Gateway Community Health Center, un centro de salud comunitario de Laredo, una ciudad fronteriza al norte del Valle del Río Grande, está en “modo de supervivencia”, según David Vásquez, su director de comunicaciones.
Aproximadamente un tercio de sus pacientes ya no tienen seguro médico, y muchos más tendrán dificultades para pagar la atención sanitaria si no se renuevan las subvenciones de ACA.
El centro está buscando otras formas de financiamiento para evitar despidos o recortes en los servicios, y ha suspendido todos los planes de expansión y contratación, agregó Vásquez.
Este achicamiento ocurre justo cuando más personas pierden su seguro y necesitan atención médica gratuita o a bajo costo.
Esther Rodríguez, de 39 años, residente de McAllen, lleva dos años sin empleo y su esposo gana $600 por semana trabajando en la construcción. Ninguno de los dos tiene seguro médico.
Medicaid cubrió los gastos del parto de sus cinco hijos. Ahora depende de una clínica móvil gestionada por una facultad de medicina local, donde debe pagar de su bolsillo las revisiones rutinarias y los medicamentos para controlar su diabetes tipo 2. Si necesitara más atención, dijo Rodríguez, iría a una sala de emergencias.
“Hay que saber adaptarse”, dijo.
Muerte por mil recortes
Que muchas personas no estén en condiciones de pagar genera una atención médica no remunerada, es decir, servicios por los que los hospitales, los médicos y las clínicas no reciben ningún pago. Estaba previsto, según una versión anterior del megaproyecto de ley, que esto aumentara en $204.000 millones durante la próxima década. La estimación es del Urban Institute, un grupo de expertos sin fines de lucro.
Pero la administración Trump también está recortando otras formas de ayuda que contribuían a compensar el costo de la atención médica de las personas que no pueden pagarla.
La nueva ley impone límites a programas federales que muchos prestadores de salud para personas de bajos ingresos han utilizado para equilibrar sus presupuestos, especialmente en áreas rurales.
Entre ellos se incluyen los impuestos a los hospitales, los planes de salud y otros proveedores que los estados utilizan para ayudar a financiar sus programas de Medicaid. Estos impuestos a los proveedores son un “truco financiero”, afirmó Desai.
Si bien la ley crea un fondo temporario de $50.000 millones para apoyar a médicos y hospitales rurales, esa cifra representa poco más de un tercio de las pérdidas estimadas en fondos de Medicaid en estas zonas, según la organización sin fines de lucro KFF.
Desai calificó el análisis como “defectuoso”.
Cualquier pérdida de ingresos podría suponer la ruina financiera, especialmente para los pequeños hospitales rurales, afirmó Quang Ngo, presidente de la Texas Organization of Rural & Community Hospitals Foundation.
“Es como si te fueran matando de a poquito con tantos recortes”, dijo. “Algunos probablemente no lo resistan”.
Todo indica que los golpes podrían continuar. La propuesta presupuestaria de la administración Trump para el próximo año fiscal contempla recortes a múltiples programas de salud rural ejecutados por la Health Resources and Services Administration (HRSA).
Desai aseguró que la inversión de la nueva ley en salud rural “supera por mucho” esos recortes.
En febrero, la administración Trump anunció un recorte del 90% al programa de navegadores de ACA, que ayuda a las personas a encontrar seguro médico.
Desai afirmó que ese programa ha sido “históricamente ineficiente”.
En diciembre de 2023, en Texas, casi tres millones de personas sin seguro médico reunían los requisitos para recibir subsidios de ACA, Medicaid o el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), según Texas 2036, un grupo de expertos en políticas públicas.
María Salgado es una trabajadora de salud comunitaria, o promotora de salud, que pasa sus días laborales en eventos comunitarios, repartiendo volantes en consultorios médicos y reuniéndose con personas para ayudarlas a inscribirse en Medicaid o en planes de ACA a través de MHP Salud, una organización sin fines de lucro.
Salgado tiene miedo de que los recortes de fondos realmente frenen los esfuerzos de la organización: “Muchos miembros de nuestra comunidad van a quedar rezagados”, dijo.
Chris Casso, una médica de atención primaria que creció y ahora ejerce en McAllen, contuvo las lágrimas mientras hablaba de los pacientes que habían dejado de ir al médico porque no lo podían pagar, y eso había hecho que sus enfermedades prevenibles se volvieran más graves.
A Casso le preocupa el futuro de su comunidad, ya que se acentúa la escasez de médicos y podrían quedar pocos profesionales de salud para tratar a quienes han quedado sin cobertura.
“Parte el alma”, dijo, sentada en un pequeño cuarto detrás de su consultorio, ubicado en un centro comercial suburbano, entre una tienda Kohl’s y una Shoe Carnival. “Son personas muy trabajadoras”, afirmó. “Hacen todo lo posible para cuidarse”.
Casso contó que su propia hermana, que trabajaba como facturadora médica en un consultorio, no tenía seguro. Postergó la atención y murió a los 45 años por complicaciones de la diabetes y una enfermedad cardíaca. Casso teme que ese sea el destino de muchas otras personas en el futuro.
“Nuestra comunidad la va a pasar mal”, aseguró. “Va a ser un desastre”.
Chris Casso creció en McAllen, Texas, y ahora ejerce allí como médica de familia. Su hermana murió a los 45 años porque no podía permitirse un seguro médico para tratar su enfermedad cardíaca y su diabetes. A Casso le preocupa que más personas de su comunidad puedan correr una suerte similar.(Sam Whitehead/KFF Health News)
Sam Whitehead: [email protected]
Renuka Rayasam: [email protected], @renurayasam
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